Una empresa del arzobispado de Zaragoza, a juicio por las malas condiciones laborales de sus trabajadores

luns 13 outubro 2008

 SEAS es el centro de estudios superiores a distancia de la Fundación San Valero, una prestigiosa empresa de docencia vinculada al arzobispado de Zaragoza que desde 1953 se ha ganado la confianza de los alumnos de la región. Sin embargo, la buena imagen que da la empresa no tiene nada que ver con la precaria situación que viven sus trabajadores. La compañía tendrá que enfrentarse este martes con la justicia después de que un antiguo trabajador, Eduardo Herrera, haya emprendido acciones legales contra el centro.


"Caracter no lucrativo y servicio a la sociedad"
La compañía, que en su página web reivindica su ideario católico y se define como una “institución de carácter no lucrativo y al servicio de la sociedad”, ha crecido de manera “vertiginosa” en los últimos años, tanto en número de alumnos como de empleados, según fuentes conocedoras del caso. Estas fuentes indicaron a El Plural que, sin embargo, la situación de los trabajadores es prácticamente insostenible.

Reducción del salario bruto
El asunto por el que se la llevará a juicio tiene que ver con la proporción que los trabajadores tienen que destinar de su salario bruto a fines desconocidos. Además del 33 por ciento correspondiente que la empresa aporta por cada trabajador a la Seguridad Social, a estos se les resta otro porcentaje, que mengua su salario bruto hasta casi el 50 por ciento, aunque no se especifica a qué está destinado. 

Nóminas de 90 euros
Además, los empleados cobran más o menos dinero en función de los objetivos que logren. “Por convenio, debería garantizárseles un salario mínimo aunque no cumplan con los objetivos, pero en este caso no es así. Hay trabajadores que, en lugar de los 800 euros mínimos que les corresponden, han recibido nóminas incluso de 90 euros”, informaron a El Plural. 

Vacaciones para cubrir bajas
Eso se debe a que la compañía católica les obliga a asumir los “costes de empresa”, es decir, los costes a priori del proceso de matriculación de alumnos, dejando que los empleados pierdan dinero si finalmente éstos no ingresan en el centro o abandonan un curso. Además, los trabajadores se ven obligados a extender sus jornadas hasta entre 13 y 15 horas, y si necesitan una baja por enfermedad, se les obliga a tomársela de sus propias vacaciones”. 

Dificultad de denuncia
Las fuentes consultadas por este periódico subrayaron que denunciar esta situación se hace casi imposible: cuando los trabajadores se niegan a entrar en esta dinámica “se les presiona y coacciona hasta que dejan el puesto, ni siquiera se les paga el despido”. Además, tampoco hay protección sindical, puesto que la representante de los sindicatos es la propia abogada de la empresa y no se ha permitido que entren grandes formaciones como CC.OO. o UGT en la compañía. 

Como autónomos, pero por cuenta ajena
Para nuestras fuentes, los beneficios de SEAS son los máximos: “Han inventado un nuevo modo de empresa, donde los trabajadores no cuestan nada porque responden ante todo. Son como autónomos, pero trabajando por cuenta ajena”, denuncian. Por el momento, y después de que no prosperasen varias denuncias ante la Inspección de Trabajo, los trabajadores del centro tienen sus esperanzas puestas en el juicio de este martes.

 






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